Patricia Heras 3. Día de autos: los hechos del 4F.

Vayamos a la médula del asunto del caso 4F, cuyo desenlace marcó los últimos años de la vida de Patricia Heras, aunque como como ya he dicho, resolver los enigmas que plantea su muerte es una tarea compleja, y quizás desde aquí solo me planteo dejar al aire “dudas razonables”, tal como dice el director armeniocanadiense Atom Egoyan en su última película “Condenados”, en la que se desarrolla un juicio en una comunidad profundamente cristiana contra unos jóvenes de tendencias ocultistas, por la muerte de unos chavales con unas pruebas que no se aguantan, pero que aún así, son finalmente condenados, sin llegar a aclarar si son o no son los verdaderos culpables.

En la madrugada de un 4 de febrero de 2006 se celebraba una fiesta en un teatro okupado en la calle Sant Pere més Baix, debido a las quejas de los vecinos por el ruido acude la guardia urbana para poner fin a la fiesta que allí ocurre. Los guardias urbanos intentan desalojar a los okupas, pero estos se enfrentan a ellos, y los altercados que se producen un guardia urbano es golpeado en la cabeza por algún objeto que le lanzan, y cae en coma (finalmente terminará tetrapléjico). La primera víctima grave de estos sucesos será este policía.

Varios de los okupas que salen del edificio serán detenidos en la calle, y aunque no se demuestre su participación directa en los enfrentamientos violentos, serán juzgados y condenados aplicando todo el peso de la ley con voluntad ejemplarizante contra el colectivo antisistema. La condena mayor le cae al chileno Rodrigo Lanza, al que le caen seis años de cárcel que cumplirá en Can Brians. Hasta aquí podríamos discutir varias cosas, si el castigo fue justo; sobre los testimonios de los malos tratos que sufrieron los acusados antes de ser encarcelados (¿para cuando las cámaras en las comisarías de policía?); o sobre la capacidad de reinserción o rehabilitación que tienen las cárceles (sobre esta cuestión son muy interesantes las reflexiones y pensamientos que Rodrigo Lanza deja en su escrito titulado “En mis carnes” donde narra sus años de cárcel).

Pero el caso que plantea más dudas es el de Patricia Heras, ya que ella ni siquiera fue detenida en el lugar de los hechos, sino que lo fue en el Hospital del Mar. Ella defendía que volvía en bicicleta de otra fiesta en casa de un amigo, ella y su amigo Alfredo, y que de camino a casa tuvieron un pequeño accidente al que acudió una ambulancia y desde el lugar del accidente los trasladaron al Hospital del Mar. Allí se encontraron con los guardias urbanos y algunos de los okupas que habían sido detenidos, y al ser ella de estética algo siniestra o radikal, con un lado de su cabello rapado, uno de los agentes le pidió que se identificara, lo que provocó un ligero encontronazo. Y otro de los agentes testigo del encontronazo dijo reconocerla del lugar de los hechos como una chica que había lanzado una valla hacia los policías. Por lo que inmediatamente fue esposada y juntada con los demás detenidos.



El testimonio de Patricia Heras puede leerse aquí, la pregunta clave es: ¿Participó Patricia Heras en los disturbios aquella noche? ¿Mintió ella o mintió el policía que la identificó? La cuestión es que la maquinaria judicial y burocrática había comenzando a rodar y ella ya había quedado irremediablemente insertada en ella. Condenada finalmente a tres años en la cárcel de mujeres de Wad-Ras (normalmente sin delitos previos como es el caso, la condena máxima por un delito de este tipo habría sido de dos años de libertad vigilada sin ingreso en prisión), pero la voluntad del Estado de castigar a los implicados en el 4F hizo que le cayera la pena máxima (ver también la referencia aquí al caso de los irlandeses cuatro de Guilford).

El asunto vuelve a dar un giro cuando se demuestra que el guardia urbano que la identificó en el lugar de los hechos, quedó manchado unos años después por otro caso en el que se demostró que había dado falso testimonio para condenar a otra persona por una riña en la que se vio implicado. Aquí es cuando ya uno se plantea las dudas sobre la supuesta imparcialidad que deben tener los cuerpos de seguridad del estado... Pienso que cualquier agente que falsifica una prueba debería ser condenado como mínimo a la misma pena que el quería que se le aplicase al acusado (lo mismo pienso en los casos de algunas mujeres que acusan a sus maridos de maltratadores y luego se demuestra –remarco esto de demostrar- que la acusación es falsa). Y por supuesto si se prueba que un preso ha sido encarcelado injustamente, este debe ser “compensado” monetariamente por el Estado en la medida de lo posible.

Termino por hoy. Dejo también el buen artículo que escribió sobre ella el periodista Gregorio Morán y un pequeño fragmento de su diario. Y como este post ya es muy largo… mejor continúo another day).

“Lo más duro son las entrevistas con los diferentes miembros de la junta de tratamiento, duele escuchar que si no reconozco mi delito no hay voluntad de reinserción, ni arrepentimiento, hoy me ha dicho el psicólogo que eso es propio de un psicópata. Y qué queréis que os diga... no soy capaz de hacerme eso a mí misma, y trato con todo lo que me echen pero no paso por reconocer algo que no he hecho y sigo defendiendo mi inocencia hasta el final.

Mañana me evalúan, al menos tengo la sensación de que por muy difícil que les resulte creerme con una sentencia firme delante he sembrado la duda y quizás como seres humanos sean capaces de asumir que el sistema para el que trabajan comete errores graves e injustos...”

Del diario de Patricia Heras del cual pueden leerse fragmentos en su blog Poeta difunta